Por Alfredo Serrano Mancilla
Muchos presumen de afirmar que la economía nada tiene que ver con la
política. Insisten en explicar la economía como una ciencia exacta,
ingenieril, en la que un conjunto de herramientas técnicas, casi por
arte de magia, y a veces por inexplicables carambolas neutrales, acaban
definiendo el modo más eficaz de organizar una sociedad. Hablar de
política cuando se discute de economía parece una blasfemia para esos
acérrimos defensores del paradigma hegemónico. Así la economía la
presentan como una cuestión de expertos en la que el pueblo, y por tanto
la política, poco tiene que opinar.
El tiempo de la pos política, como dice Chantal Mouffe, se pretende
imponer desde aquellos que procuran evadir la disputa política cada vez
que toca discutir en torno a asuntos sociales de máxima importancia.
Menos mal que luego la realidad refuta esta absurda tesis y siempre se
acaba demostrando que la política atraviesa a la economía. Como no puede
ser de otra forma, no hay debate económico si éste no se hace desde la
confrontación política.
Han pasado ya unos días y ahora ya se puede contar sin estrés
electoral. El órdago de la Coca Cola contra el gobierno de Evo Morales,
justo antes de las elecciones del pasado domingo 12 de Octubre, es un
buen ejemplo para explicar cómo la política se convierte en una variable
clave para entender qué sucede en términos económicos. De manera muy
“curiosa” (las comillas son comillas irónicas), Coca Cola a pocos días
de la gran cita democrática, decide subir el precio de todos los
productos de su marca en un país donde el control del precios es una
religión muy efectiva y apoyada por la mayoría de la población.
Así, de repente, la más trasnacional de las transnacionales considera
que los costes de sus productos han aumentado y es justamente en plena
jornada de reflexión electoral el momento más oportuno para provocar un
aumento de los precios en productos que son ampliamente consumidos por
el pueblo boliviano.
En el gobierno del MAS, la lucha contra la inflación es objetivo
prioritario y así se demuestra en su efectiva política de control de
precios, de monitoreo diario sobre muchísimos productos de la cesta
básica para los bolivianos. Este proceso de cambio entiende que la
inflación es literalmente una cuestión de puja distributiva, de lucha
entre el poder de mercado de unos pocos (que busca la máxima tasa de
ganancia) y el poder popular de la mayoría social (que no desea perder
poder adquisitivo).
La inflación es una ecuación política y no un valor salido de una
coctelera de variables técnicas. Así es como Evo Morales y los suyos
concibe esta arma de destrucción masiva del siglo XXI. Y por ello su
gobierno puede presumir de una economía en continuo crecimiento, con
fuerte protagonismo de las políticas sociales redistributivas, con una
inflación controlada y compensada sobradamente por la mejora de las
condiciones de vida salariales de la ciudadanía.
Este éxito en política económica no es casual, sino que se deriva de
concebir que la lucha contra la inflación solo se puede realizar desde
la recuperación de la soberanía en política económica. Coca Cola se
confundió de época, y creyó que aún estaba en la era neoliberal,
pensando que podía incrementar los precios como si la libertad de
mercado fuera más importante que la justicia social para los bolivianos.
Y no.
El gobierno boliviano dio una lección magistral de economía política
impidiendo que Coca Cola abusara de su posición de mercado para afectar a
la vida cotidiana de los bolivianos, y más si esto se producía a tan
poco tiempo de votar en unas elecciones. La ministra de Desarrollo
Productivo, Teresa Morales, no dejó lugar a dudas en su reacción: “esto
es un acto político”; “Coca-Cola no encontró la mejor manera de lastimar
este momento iniciando un proceso de incremento de precios”; “la
compañía cae en un acto abiertamente político y de atentado contra el
bolsillo de los bolivianos, ya que lanza esta medida dos días antes de
las elecciones”.
Tan contundente como eficaz la posición de la ministra y del
Presidente que no permitieron este intento de golpe de mercado que
pretendía contaminar el ambiente para que la oposición pescara
electoralmente en río revuelto. El ejecutivo empleó sus facultades
legales y políticas para suspender este incremento de precios; obligó a
los directivos de Coca Cola a dar explicaciones; les hizo retroceder; y
además declaró que a partir de entonces las gaseosas también estarán
dentro del monitoreo diario de precios. Así la inflación, para este
gobierno, nunca podrá ser concebida como un ser paranormal que tiene
vida propia pero sin nombres ni apellidos. No. En esta Bolivia, la
inflación se controla con medidas acertadas económicas pero siempre
desde la política, identificando quién es quién, y qué tipo de intereses
tiene cada uno.
Recuperar la soberanía en política económica es entender precisamente
que sólo puede haber otra economía justa y humanista si ésta se
implementa desde una posición política independiente. El gobierno de Evo
Morales lo ha demostrado, y la victoria frente a la Coca Cola es una
muestra más de este camino arduo pero fructuoso.
Así es como se explica que Evo Morales tenga el apoyo que tiene en
las urnas porque no promete lo que no cumple; porque la soberanía no es
eufemismo de nada, sino realmente constituye el principio político
básico para llevar a cabo una política económica muy acertada. Coca Cola
antes de querer usar su poder de mercado, se lo pensará dos veces
porque enfrente tiene un proceso liderado por un Presidente que sabe
perfectamente usar su poder político, electoral, social y popular.
Fuente: Cubadebate / CELAG