Santiago vidal, juez de la Audiencia de Barcelona y coautor de la Constitución Catalana: "Una solución que se trabaja a fondo es que Alemania o Israel hagan de banco temporal de Cataluña"
Santiago Vidal (1954) es un juez mediático e incómodo de cara al poder establecido. Defensa sin ambages la construcción de Cataluña como nuevo Estado y, de hecho, trabaja con un grupo de nueve juristas más en el borrador de una hipotética Constitución Catalana. Su posicionamiento le ha estado a punto de costarle la suspensión. Lejos de atemorizarse, sigue expresándose en entrevistas, tertulias y charlas -una de ellas, recientemente, en el Prat-. Lo hace con una claridad diametralmente opuesta al enrevesado lenguaje jurídico.
Después del 9-N, qué? Estoy muy satisfecho. 2,3 millones de participantes son un toque muy importante de la ciudadanía al Gobierno Español y un refuerzo importante en el de Cataluña. El año 2015 será trascendental. El cambio político que prevén las encuestas abre la puerta no sólo a esta negociación imprescindible entre Cataluña y España, sino también a la posibilidad de que Cataluña pueda realizar su proceso aunque no haya pacto. Yo deseo que haya pacto, pero también es posible una reforma constitucional a fondo, la instauración de una república federal en todo el Estado de cara el 2016 ... El tablero de ajedrez está muy abierto.
La irrupción de nuevas fuerzas políticas ayuda mucho a pensar en este escenario? Sin duda, porque rompe este bipartidismo que seguramente al principio era imprescindible para garantizar el cambio de una dictadura a una democracia, pero que ahora ya no responde a la realidad sociológica del país.
Al igual que la Constitución? Efectivamente. La Constitución es un marco legal que ha dado muy buenos resultados garantizando derechos fundamentales como la libertad de expresión o de manifestación, pero ha quedado obsoleta. De ahí que un grupo de juristas nos estamos planteando como debería ser una Constitución ideal.
A pesar de la fuerza que se demostró el 9-N, lo cierto es que la fiscalía ha llegado a plantear una querella contra Artur Mas y otros miembros del Gobierno por desobediencia y prevaricación. Hay fundamentos para hacer esta acusación? Es un gravísimo error judicializar y criminalizar decisiones políticas. Pero además, no veo en ninguna parte los delitos de desobediencia y prevaricación. La desobediencia exige una reiteración negativa a unos requerimientos previos por parte del Tribunal Constitucional. Y el propio TC no aceptó la petición de la Fiscalía de hacer un requerimiento expreso al presidente Mas. En cuanto a la prevaricación, que en el fondo significa dictar actos administrativos injustos malgastando dinero público, con franqueza, tampoco la veo, porque los edificios donde se celebraron las votaciones, algunos eran privados y concertados, y en cuanto a los públicos, a veces se olvida que son propiedad de los ciudadanos. Al fin y al cabo, los ciudadanos tomaron posesión pacífica, democrática y consentida de algo que es suya.
También se argumenta que las papeletas las elaboraron reclusos de prisiones. El material logístico fue realizado de forma voluntaria por el centro de reinserción de presos ya mí me consta que no han cobrado absolutamente nada por este trabajo. Sí, luego está el coste del papel. Pero quien nos dice que el proveedor no le ha suministrado también gratuitamente?
Es decir, interviene tanta gente que, en la práctica, sería imposible detectar un lucro? Es que no se puede luchar contra molinos de viento. No se puede ir contra una masa de ciudadanos.
Pero alguna base legal debe de ver el PP para insistir en esta línea. Yo sólo me lo explico desde un punto de vista electoral. Las encuestas les dan resultados muchos malos de cara al 2015 y saben que si ceden también en este tema, los resultados serán catastróficos. Lo que me sorprende es que organismos como la Abogacía del Estado o el Consejo de Estado no adviertan [al Gobierno] que así no va a ninguna parte y que cedan tan fácilmente a las presiones gubernamentales.
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Fuente: Delta
